Fecundidad y anticoncepción

La evolución demográfica de América Latina, en especial la reducción de la fecundidad, proporciona una oportunidad para el avance económico y el mejoramiento de las condiciones de vida de las mujeres en la región. Entre los efectos positivos de este cambio se hallan los beneficios para la economía familiar, mejoras en la salud sexual y reproductiva, y ampliación de las oportunidades de educación y empleo para la mujer.  El descenso de la fecundidad en México es consecuencia de una política de población en la que destacan los programas de planificación familiar llevados a cabo a partir de la segunda mitad de los años setenta, los cuales propiciaron las condiciones favorables para que la población planeara de mejor manera su reproducción.

Los datos del Censo 2010, indican que la Tasa Global de Fecundidad (TGF), se ubica en 2.4 hijos por mujer a nivel nacional, no obstante se observan diferencias de este indicador según el ámbito territorial de residencia de las mujeres. Las localidades de menos de 2 mil 500 habitantes registran un promedio mayor de hijos por mujer (2.9), comportamiento que puede ser explicado por factores como el más bajo nivel educativo, la condición de actividad, así como el más limitado acceso a servicios de salud y de planificación familiar. En contraste, las localidades de mayor concentración poblacional (de 100 mil y más habitantes), tienen la TGF más baja (dos hijos por mujer). Cabe destacar que la mayor fecundidad en todos los tamaños de localidad se observa en la población femenina de 20 a 24 años.

El embarazo adolescente es un tema trascendental en materia de política pública, no sólo por las connotaciones sociales que limitan el desarrollo de la mujer, sino también porque en términos de salud resulta ser un evento que pone en riesgo la vida de la madre y su producto. Es un hecho, que hay un número importante de mujeres adolescentes que inician su vida sexual sin la debida protección, exponiéndose no sólo a un embarazo no deseado, sino también a enfermedades de transmisión sexual. Datos de la Encuesta Nacional de la Dinámica Demográfica (ENADID) 2009, informan que seis de cada diez adolescentes (61.8%) sexualmente activas, declaró no haber usado un método anticonceptivo durante su primera relación sexual.

En México es amplio el conocimiento de los métodos anticonceptivos por parte de las mujeres en edad fértil, no obstante se encuentran diferencias relativas sobre su conocimiento según el tamaño de localidad de residencia. De las mujeres de 15 a 59 años  que residen en localidades menores de 2 mil 500 habitantes, 93.4% mencionó conocer alguno, en tanto que entre las residentes en localidades mayores a ese número de residentes el nivel de conocimiento fue casi total (99.1 por ciento).

A la condición de las mujeres que están expuestas a un embarazo y no hacen uso de métodos anticonceptivos a pesar de su deseo expreso de querer limitar o espaciar su descendencia, se le denomina demanda insatisfecha. Conforme a estimaciones del CONAPO que tienen como base datos de la ENADID 2009,nuna de cada cuatro adolescentes unidas (24.6%) experimenta una demanda insatisfecha de métodos anticonceptivos; en las jóvenes unidas de 20 a 24 y 25 a 29 años la demanda insatisfecha es de 17.7 y 14.4%, respectivamente. En las mujeres jóvenes predomina el deseo de espaciar su fecundidad, en tanto que la demanda insatisfecha en las mujeres de mayor edad (30 a 49 años) se centra en el deseo de limitarla. Según el ámbito de residencia la demanda insatisfecha de métodos anticonceptivos es mayor en las localidades de menos de 2 mil 500 habitantes (15.9%) que casi duplica a la de aquellas que viven en localidades mayores a ese número de residentes (8.1 por ciento).

Derechohabiencia

La Ley General para la Igualdad entre Mujeres y Hombres establece el acceso y pleno disfrute de los derechos sociales para hombres y mujeres en condiciones de igualdad. En México, los eventos censales permiten una aproximación a la cobertura que el Sistema Nacional de Salud brinda mediante dos variables específicas: la derechohabiencia y el uso de servicios de salud. Con respecto a la derechohabiencia del total de la población en el país, seis de cada diez personas son derechohabientes en al menos un instituto o programa de salud según el último censo de población, encontrándose que por sexo hay una ligera mayoría relativa de mujeres (66.3%) respecto a los hombres (62.7 por ciento). A nivel de tamaño de localidad, se reduce en aproximadamente tres puntos porcentuales la condición de derechohabiencia en asentamientos menores de 2 mil 500 residentes, aunque se mantiene la superioridad relativa de las mujeres respecto a los varones (63.8 por 60.1% respectivamente).

Al observar específicamente a la población femenina que por su condición de no derechohabiencia se puede considerar vulnerable por carecer de este beneficio, es posible identificar que tanto para las localidades de menos de 2 mil 500 habitantes como en las que superan este número, las mujeres de entre 15 a 29 años tienen el mayor porcentaje de no derechohabiencia, asimismo resalta el alto porcentaje de las adultas mayores (60 años y más: 35.7%) sin derechohabiencia en localidades menores de 2 mil 500 habitantes.       

Por lo que se refiere a la población usuaria de los servicios de salud, las cifras censales dan cuenta de un amplio uso del mismo, ya que en todo los tamaños de localidad, nueve de cada diez personas se identificaron como usuarias, en tanto que por sexo se dan diferencias relativas bajas (97.2 y 98.1% de usuarios hombres y mujeres, respectivamente).

Nupcialidad

El inicio de la vida en pareja se vincula en la mayoría de los casos con la separación del hogar materno, el abandono de la escuela y el inicio de la vida laboral y reproductiva. La postergación de la primera unión es uno de los cambios demográficos observados en las últimas décadas y su presencia se acentúa en un grupo de mujeres que consideran que las metas relacionadas con el trabajo, el estudio y los logros profesionales son elementos importantes en sus proyectos de vida. En 2009 la ENADID informa que la edad promedio a la primera unión de las mujeres de 15 años y más alguna vez unidas es de 23.8 años.

Conforme a los datos obtenidos del Censo 2010 sobre la situación conyugal de la población de 12 años y más, se observa que en la población menor de 29 años predominan los varones solteros (98.3% entre los menores de 15 años, y 67.3% en el grupo de 15 a 29 años), mientras en las mujeres la proporción de solteras es semejante al de los hombres en el grupo de  menores de 15 años, pero se reduce a 55.3% entre las de 15 a 29, ya que tienden a unirse a más temprana edad.

En edades adultas (30 a 59 años) predominan los unidos (casados o en unión libre), situación que se hace más visible en los hombres que en las mujeres; en edades más avanzadas esta tendencia se hace más marcada y provoca que tres de cada cuatro (75.7%) hombres de 60 años y más estén unidos, proporción que es 30 puntos porcentuales mayor al de las mujeres del mismo grupo de edad (46.2 por ciento). Con lo anterior se asume que las mujeres experimentan con más frecuencia la disolución de la unión y no vuelven a unirse: 14.4% de las mujeres de 30 a 59 años está separada, divorciada o viuda, condición que aumenta a 46% en las mujeres de 60 años y más.

Mortalidad

El paulatino abatimiento de las enfermedades infecciosas y parasitarias y la mayor concentración de las defunciones en los padecimientos crónicos degenerativos (estrechamente vinculados al alargamiento de la sobrevivencia de la población), han ubicado al país en una etapa cada vez más avanzada de la transición epidemiológica; como consecuencia de este profundo proceso de cambio, México no sólo cuenta en la actualidad con una población más numerosa, sino que sus habitantes viven un mayor número de años. En 2010, la esperanza de vida en las mujeres es de 77.8 años, aproximadamente cinco años más que la estimada en los hombres, esta diferencia se explica por la mayor mortalidad masculina ocurrida principalmente en edades jóvenes y adultas.

De acuerdo con las estadísticas de mortalidad 2011, dentro de las principales causas de muerte de la población se encuentran la diabetes mellitus, enfermedades isquémicas del corazón, del hígado y las cerebrovasculares; estas son las responsables de los decesos de casi cuatro de cada diez mexicanos; en hombres y mujeres, la diabetes mellitus y las enfermedades isquémicas del corazón son las dos principales causas. En las mujeres, la tercera y cuarta causa se vinculan a enfermedades cerebrovasculares y a enfermedades crónicas de las vías respiratorias inferiores. En los hombres, la tercera y cuarta causa se asocian a defunciones por agresión y enfermedades del hígado.

El monto y las causas de muerte difieren en cada grupo de edad; de las 591 mil defunciones ocurridas en 2011, 61.4% acontecieron en la población de 60 años y más, 24.5% en los adultos de 30 a 59 años, 7% en la población infantil de 0 a 14 años y 6.4% en los jóvenes de 15 a 29 años. En este último grupo se aprecia la mayor diferencia en los fallecimientos por sexo, el monto de mujeres es tres veces menor al de los hombres; por causa de muerte, las tres principales causas ocurridas en hombres y mujeres del mismo grupo de edad, son catalogadas como violentas (agresiones, accidentes de transporte y lesiones autoinfligidas intencionalmente), aunque en los hombres la proporción (55.9%) es mayor al de las mujeres (28.8 por ciento). Esta diferencia puede ser explicada por la menor exposición de las mujeres a situaciones de alto riesgo, así como a una propensión menos elevada a adquirir hábitos dañinos para la salud.

De acuerdo con la Organización Panamericana de la Salud (OPS), el aumento de enfermedades crónicas es atribuible al envejecimiento de la población y a los comportamientos y elecciones poco saludables, las cuales se vinculan con una nutrición deficiente, al sobrepeso y la obesidad, y con el consumo de tabaco y alcohol. La mortalidad para la población de 30 a 59 años, se caracteriza por el incremento de los padecimientos crónicos degenerativos como principal causa de muerte.

En las mujeres de 30 a 59 años, la diabetes mellitus (17.9%) ocupa el primer lugar de causa de muerte, en segundo y tercer lugar se encuentran las enfermedades isquémicas del corazón (6.1%) y las enfermedades del hígado (5.5%); en los hombres del mismo grupo de edad, la principal causa de muerte son las enfermedades del hígado (13.5%), seguidas de las agresiones (12.5%) y la diabetes mellitus (11.9 por ciento).En edades más avanzadas es común que se afecten los sistemas fisiológicos ocasionando una mayor propensión a desarrollar enfermedades crónicas degenerativas que representan 51.4% de las defunciones totales de la población de 60 años y más; en las mujeres esta proporción es ligeramente mayor (52.3%) a la observada en los hombres (50.5 por ciento).

Causas externas de mortalidad

En la décima edición de la Clasificación Internacional de Enfermedades (CIE-10), las “causas externas” se refieren a los accidentes, suicidios, homicidios, lesiones por intervención legal y de guerra así como aquellas lesiones que se ignoran si fueron accidentales o intencionalmente infringidas.[12] En 2011, de las defunciones totales, 12.8% fueron catalogadas como externas, de las cuales cerca de la mitad (48.7%) fueron ocasionadas por accidentes, 36.1% por homicidios y 7.6% fueron lesiones autoinfligidas (suicidios).

En particular, los suicidios son el resultado de una decisión individual que obedece a diversas condiciones de orden psicológico, de salud y social, las cuales se asocian con la depresión, las pérdidas afectivas, el aislamiento social, el desempeño y las dificultades económicas. Aunque este evento ocurre principalmente en los varones, se observa un aumento paulatino en el número de suicidios acontecidos en las mujeres: pasando de 281 en 1990 a 1 095 en 2011; las jóvenes son las más susceptibles a este evento, en 2011, de los suicidios ocurridos en la población femenina, 53.6% acontecieron en las jóvenes de 15 a 29 años de edad.

Ocupación

En la mujer han recaído tradicionalmente tareas asociadas a las labores domésticas, la crianza de los hijos, así como el cuidado de enfermos, ancianos y personas discapacitadas. En la actualidad, su presencia creciente en el mercado laboral responde a procesos de modernización y a una estrategia generadora de ingresos con la cual las mujeres contribuyen a la manutención de sus familias. La realización del trabajo doméstico en el hogar de las mujeres que participan en el mercado laboral es una característica que se da en la mayoría, por lo que se puede hablar de la existencia de una doble jornada de trabajo (doméstico y extradoméstico).

De acuerdo con datos del segundo trimestre de 2012 de la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo (ENOE), 43.5% de las mujeres de 14 años y más forman parte de la población económicamente activa (PEA) en el país, de las cuales, 91.9% combina sus actividades extradomésticas (trabajo y estudio) con quehaceres domésticos, situación que resulta contrastante con la de los varones, entre los cuales 54.5% cumple con esta condición. La población ocupada femenina alcanzó 95.1% del total de la PEA, mientras que 4.9% buscaron incorporarse a alguna actividad económica (tasa de desocupación).

De las  mujeres ocupadas, 23.5% trabajan por cuenta propia, 2.5% son empleadoras y 9.2% no recibe remuneración por su trabajo. Dos de cada tres mujeres ocupadas (64.8%) son subordinadas y remuneradas. El 44.7% de estas mismas trabajadoras no cuenta con acceso a servicios de salud, más de la tercera parte (35.2%) no cuenta con prestaciones y 44.1% labora sin tener un contrato escrito. La mayoría de las mujeres ocupadas desempeñan actividades en el sector terciario (ocho de cada diez), de las cuales, sobresale que tres de cada diez (31.9%) son comerciantes, 27.6% son trabajadoras en servicios personales y 14.3% oficinistas.

Por nivel de instrucción, 67.3% de las mujeres ocupadas cuentan con secundaria o más, proporción que resulta mayor a la de los varones en más de cuatro puntos porcentuales. El promedio de ingreso por hora trabajada indica que a mayor escolaridad los ingresos aumentan, no obstante, se observa que en todos los niveles educativos, los hombres ganan más que las mujeres y se hace más pronunciado cuando el nivel de escolaridad es menor: las mujeres con instrucción media superior y superior ganan menos por hora que los varones, y entre los que tienen primaria incompleta, esta brecha aumenta.

Pobreza y jefatura femenina en hogares

De acuerdo con la medición multidimensional de la pobreza en México realizada por el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (CONEVAL), se estima que en 2010, 53.7 millones de mexicanos viven en condiciones de pobreza multidimensional,^[18]de los cuales 27.6 millones son mujeres, y de éstas últimas 6.4 millones viven en una situación de pobreza extrema. Respecto a las mexicanas vulnerables por carencias sociales,[19] 15 millones tienen una o más carencias y tienen un ingreso que les permite tener cierto bienestar económico; 3.7 millones de mujeres son vulnerables por ingreso, es decir, que no presentan carencias sociales pero tienen un ingreso bajo.

En las últimas décadas se ha extendido el fenómeno de hogares encabezados por mujeres. De acuerdo con los datos de la Encuesta Nacional de Ingresos y Gastos de los Hogares (ENIGH) 2010, se estima que existen más de 26.2 millones de hogares en el país, de los cuales 21.5% son dirigidos por una mujer. Con base en la información de la ENIGH, un total de 44.9% de los jefes de hogar tenía algún nivel de pobreza, siendo mayor la proporción de jefes pobres (45.4%) que de jefas pobres (43 por ciento). Particularmente la pobreza extrema, se presenta en sólo 8.1% de hogares con jefatura femenina en tanto que la misma se observa en el 10.5% de los hogares con jefe varón.

La jefatura femenina se encuentra asociada a las variantes del estatus marital de lasmujeres. La proporción de jefas de hogares pobres es mayor cuando no se encuentra unida; casi 78 de cada 100 jefas pobres no tienen pareja, 64.5% mantiene una situación conyugal de viudez, divorcio o separación y 13.2% nunca ha estado unida. Esta situación es más evidente a medida que es mayor la edad de la jefa de hogar, 84.6% de las mujeres pobres de 65 años y más no tiene pareja, 73.5% de las de 50 a 64 años se encuentra en esta situación y una de cada dos mujeres de 30 a 49 años no está unida.

Migración Interna

En las últimas décadas, las transformaciones en los patrones de migración interna e internacional han tomado fuerza en la configuración del tamaño, crecimiento y distribución de la población a lo largo del territorio nacional. En nuestro país, como en todas las regiones del mundo, los movimientos migratorios están ligados a la situación socioeconómica de la población y como factores que influyen en su ocurrencia se identifican la búsqueda de empleo y mejora de ingresos, así como el acceso a servicios educativos, entre otros.

Los datos censales de 2010 indican que entre la población de 12 años y más que menciona un cambio de entidad de residencia dentro del país y respecto a una fecha fija anterior (cinco años antes), hay un alto porcentaje de la población económicamente activa (95.2%) ocupada en alguna actividad económica, siendo mayor la ocupación entre la población femenina, que entre la masculina: 96.1% de las mujeres inmigrantes estatales realizaron alguna actividad económica, contra 94.7% de los varones en la misma situación.

La revisión de la condición de desocupación de la población migrante de 12 años y más  confirma la tendencia anterior. Según la misma fuente censal, sobresalen dos hechos, por una parte que en los varones hay una mayor proporción de desocupados en todos los tamaños de localidad con respecto a lo observado para las mujeres, y al mismo tiempo, la condición de desocupación de éstas últimas es menor en las localidades más pequeñas.

La instrucción educativa es un elemento importante para el acceso a un mejor nivel de bienestar y para el pleno conocimiento de los derechos y obligaciones que tenemos como ciudadanos en nuestro país. Bajo este marco de referencia es posible analizar indicadores que den cuenta de la situación en la que se halla la población migrante reciente en edad apropiada para asistir a alguno de los niveles del Sistema Educativo Nacional.

Según el Censo de Población y Vivienda 2010, siete de cada diez personas de entre 5 y 19 años que cambiaron su entidad de residencia de 2005 a 2010 asisten a la escuela, observándose una cantidad relativa ligeramente superior de los hombres (77.1) respecto de las mujeres (74.1 por ciento). 

Por lo que se refiere a las proporciones de no asistencia escolar de los migrantes recientes de 5 a 19 años y según el tamaño de la localidad en la que habitan, los residentes en localidades menores de 2 mil 500 habitantes muestran un mayor peso relativo de inasistencia en los grupos de edad menor de 15 años, respecto a los de localidades mayores. No obstante, esta situación se invierte en el grupo de mayor edad (15 a 19), en el cual la no asistencia aumenta, tanto en hombres como en mujeres, sobre todo en las localidades de más de 2 mil 500 personas, fenómeno que puede estar relacionado con factores como: la incorporación de los jóvenes a una actividad económica, la unión con una pareja, la maternidad, o el desempeño de labores domésticas, entre otras razones.

Migración Internacional

Algunas de las pautas tradicionales de la migración internacional se encuentran en un proceso de cambio reciente e involucran de manera directa la forma en que participan las mujeres y los hombres en este fenómeno demográfico. Los datos censales de 2010 indican que la emigración internacional es predominantemente masculina pues del total que salió del país durante el periodo 2005-2010 (1.1 millones), sólo una cuarta parte son mujeres.

Según el ámbito territorial de origen se puede mencionar que hay una marcada diferencia respecto a la participación en los flujos migratorios internacionales de mujeres y hombres. Aunque la mayor cantidad relativa de migrantes varones tiene como origen localidades de        2 mil 500 o más habitantes (57.1%), el porcentaje que aportan las localidades menores (42.9%) es  significativo. En contraste, el aporte migratorio femenino de las localidades de menos de
2 mil 500 habitantes (26.3%) es mucho menor que el que representa la población femenina migrante de localidades mayores (73.7%), lo que remarca su origen más urbano.

Por lo que se refiere a la situación emigratoria y de retorno, los datos de la muestra censal permiten mencionar que los retornos son eventos menos frecuentes en las localidades de menos de 2 mil 500 habitantes en uno u otro sexo, pero sobre todo en el grupo de migrantes mujeres (19.6% contra 26.5% de los hombres), lo que hablaría de una mayor tendencia a permanecer fuera del país. Asimismo, resalta que dos de cada diez retornos de las migrantes no se realizan a la misma vivienda (cifra ligeramente superior a la de los hombres).

Hablantes de lengua indígena

En México 6.9 millones de personas de 3 años y más habla alguna lengua indígena, de las cuales 50.9% son mujeres. En el país las mujeres hablantes se distribuyen en las localidades de todos los tamaños, no obstante las mayores concentraciones se encuentran en los asentamientos más pequeños del territorio nacional (2.2 millones se distribuyen en poco más de 173 mil localidades de menos de 2 mil 500 habitantes).

Al analizar la estructura por edad de las mujeres hablantes de lengua indígena se observa que en 2010 el grupo de 3 a 19 años representa 38.1% de la población femenina total hablante en localidades menores de 2 mil 500 habitantes, cifra que contrasta con el 21.4% de mujeres hablantes en los asentamientos mayores a 2 mil 500 habitantes. Por su parte, en el grupo de edad de 20 a 64 años la proporción se invierte: en las localidades con población menor de 2 mil 500 habitantes, este grupo representa 52.4%, y en las mayores a ese tamaño alcanza 67.5 por ciento. Finalmente, la brecha en la proporción de población femenina hablante de lengua indígena se reduce en los grupos de mayor edad, así se tiene 9.5% de las hablantes de 65 y más años en localidades menores de 2 mil 500 habitantes y 11.1% de población femenina hablante del mismo grupo de edad en las localidades mayores.

Víctimas del delito

La seguridad pública forma parte esencial del bienestar social; la cual debe permitir una convivencia libre de riesgos y conflictos, en cuyo marco las personas puedan gozar plenamente y ejercer integralmente sus derechos y libertades. En México como en todos los países del mundo, la seguridad pública ocupa un lugar preponderante como tema que preocupa a amplios sectores de la sociedad y corresponde a los gobernantes formular políticas y mecanismos institucionales eficientes tendientes a controlar el conjunto de riesgos o conflictos (concretos o previsibles) que lesionen aquella libertad o el goce pleno de esos derechos y libertades.

De acuerdo con la Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre Seguridad Pública (ENVIPE) 2012, casi 18.7 millones de personas de 18 años o más, han sido víctimas de alguno de los 22.3 millones de delitos que, se estima, ocurrieron durante 2011. Esto significa que una de cada cuatro personas (24.5%) del total de población de dicho grupo de edad ha sufrido algún delito; por sexo no se presentan diferencias significativas, ya que del total de delitos, 49.2% los han sufrido hombres y el resto mujeres (50.8 por ciento).

Por tipo de delito que ha tenido como víctima a alguna persona de 18 años y más, se tiene que son el robo o asalto en la vía pública o en el transporte público (29%), la extorsión (19.6%) y el robo de accesorios, refacciones o herramientas de vehículos (11.3%) los que con más frecuencia se cometen en el país; al revisar la lista de los tres delitos más frecuentes de acuerdo con el sexo de la víctima, no se tienen diferencias en el orden ya mencionado, sin embargo; es de resaltar el hecho de que entre las mujeres de este mismo grupo de edad, 20.8% sufrió alguna extorsión, 8.2% robo a casa habitación y 7.2% fue víctima de secuestro, secuestro exprés  o algún delito relacionado con la violencia sexual.

Según la edad de la víctima se observa que 34.8% está entre los 18 y 29 años, 55.4% entre 30 y 59 años y 9.4% tiene 60 años o más. Esta distribución se mantiene muy parecida para cada uno de los sexos 36.7, 53.9 y 9% respectivamente en los hombres, mientras que en las mujeres es de 33.1, 56.6 y 9.8% para cada uno de los grupos de edad mencionados.

Al analizar el número de delitos cometidos en todo el país según el tamaño de localidad se tiene que nueve de cada 10 se cometen en localidades de 2 mil 500 habitantes o más siendo el más frecuente el robo o asalto en vía pública o transporte público (30.5 por ciento); mientras que en las de menos de 2 mil 500 habitantes la extorsión (20.5%) es el más común.

Violencia contra la mujer

La violencia contra las mujeres, en cuatro de sus manifestaciones: física, emocional, económica o sexual, puede tener lugar dentro de la familia, trabajo, escuela, grupo de amigos o en la comunidad y ser perpetrada por conocidos, familiares, figuras de autoridad (ya sea en el ámbito laboral o escolar) o, como ocurre en un gran número de casos, por desconocidos.

La Encuesta Nacional sobre la Dinámica de las Relaciones en los Hogares (ENDIREH) 2011, señala que 47% de las mujeres de 15 años y más han sido víctimas de un incidente de violencia por parte de su novio, compañero o esposo en algún momento de su relación. Por tipo, se tiene que es la violencia emocional (43.1%) la más declarada, mientras que la violencia sexual (7.3%) es la que menos casos identificaron. De acuerdo con el tamaño de localidad se presentan diferencias significativas en la violencia emocional (8.3 puntos porcentuales) y la económica (4.5 puntos porcentuales) que ocurre principalmente en las de 2 mil 500 ó más habitantes.

Al revisar las cifras por grupo de edad se observa que la violencia emocional y la económica son los tipos de mayor incidencia. Sin embargo, cabe resaltar el hecho del aumento paulatino de la presencia de violencia física o sexual en los grupos de edad más avanzada; entre las mujeres de 15 a 24 años, 9.7% se declararon víctimas de violencia física, mientras que 2.5% de violencia sexual; en las mujeres mayores de 64 años, dichos porcentajes llegan a ser de 13.4 y 6.8% respectivamente.

Debido a que las mujeres que ya están casadas o unidas son las que se encuentran en mayor riesgo de sufrir violencia por parte de su pareja, es importante saber si se recurre a alguna autoridad para denunciar el hecho, solicitar ayuda, orientación o protección legal cuando se experimenta un evento de violencia sexual o física durante su vida en pareja. A nivel nacional se tiene que una de cada cuatro víctimas (24.4%) acuden a alguna autoridad, siendo el Ministerio Público (36%) y el DIF (32.7%) a las que más se solicita ayuda, mientras que se identifica al Instituto de la Mujer (10.1%) como la instancia a la que menos se recurre.

Según el tamaño de localidad de residencia se tiene que en las localidades de menos de 2 mil 500 habitantes es menor el porcentaje de mujeres que acuden a solicitar apoyo (19.9%), en comparación con las que residen en localidades de 2 mil 500 o más habitantes (25.9 por ciento). En las localidades más pequeñas son la Presidencia Municipal (31.4%) y el DIF (27.5%) los lugares a los cuales se acude a denunciar el maltrato, mientras que para las de mayor población son el Ministerio Público (39%) y el DIF (34.1%), las instituciones o autoridades a las que más  recurren las mujeres casadas o unidas que sufren de violencia sexual o física.

Participación Política

El incremento en la participación social de las mujeres y su acceso a puestos de representación popular, es una señal del avance que existe en la búsqueda de la equidad de género; en este sentido, uno de los eventos históricos más importantes es el otorgamiento del derecho a ejercer su voto y ser votadas en cargos de elección popular. En 1911, a las mujeres se les permitía votar en tan sólo dos países y en nuestro país esto ocurrió el 17 de octubre de 1953. Hoy, la participación política de las mujeres es un derecho que ejerce casi el total de la población de 18 años y más. De acuerdo con el Instituto Federal Electoral (IFE), hasta enero de 2013, del total de personas que solicitaron su inscripción o actualización en el padrón electoral y obtuvieron su credencial para votar, 51.8% son mujeres.

En México el poder Legislativo Federal está integrado por dos Cámaras, la de Diputados, que desde 1988 se compone de 500 diputados, 300 electos bajo el principio de mayoría relativa y 200 por el principio de representación proporcional y la Cámara de Senadores, que desde 1994 se integra por 128 senadores, 64 de mayoría relativa, 32 son asignados a la primera minoría y los 32 restantes son elegidos según el principio de representación proporcional. En 2012, las mujeres tienen 43 de las 128 curules en la Cámara de Senadores, lo que representa una de cada tres del total, y 184 escaños en la Cámara de Diputados (más de una tercera parte: 36.8 por ciento). La tendencia respecto a la integración de las mujeres en años anteriores, muestra que la proporción de diputadas y senadoras ha aumentado.

En julio de 2012 se llevó a cabo en México un proceso electoral federal mediante el cual fue elegido un nuevo Presidente de la República para el periodo 2012-2018. A partir de ello el nuevo jefe del Ejecutivo procedió a conformar su gabinete de gobierno, identificándose que entre los 25 funcionarios de la estructura de primer nivel se encuentran tres mujeres como titulares de secretarías de Estado (Secretaría de Desarrollo Social, Secretaría de Salud y Secretaría de Turismo) Por lo que se refiere a gobiernos estatales, y aunque en años anteriores han participado mujeres a estos niveles, en la actualidad no hay mujeres que ocupen una gubernatura. Al igual que en los otros poderes, la participación de las mujeres en el Poder Judicial es reducida, con información recopilada hasta enero de 2013, de los 11 magistrados que integran la Suprema Corte de Justicia, sólo dos son mujeres. En el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, sólo una de cada siete magistrados es mujer y ninguna forma parte del Consejo de la Judicatura Federal.

La participación de las mujeres como presidentas municipales ha sido incipiente, en los últimos 17 años (1995-2012) la proporción de mujeres que han ocupado la presidencia no ha variado sustancialmente, sin embargo, entre 2007 y 2012 la proporción de presidentas municipales presenta un ligero repunte al pasar de 4.1 a 7.7 por ciento. A nivel de entidad federativa destacan nueve de estas que cuentan con la mayor proporción de mujeres al frente del gobierno municipal (delegacional), el Distrito Federal (una de cada tres delegados) y Quintana Roo, Colima, Baja California Sur y Yucatán (una de cada cinco presidentes municipales) son los que muestran una mayor proporción de mujeres con esa responsabilidad de gobierno.  

Indicadores demográficos en países seleccionados de Europa 1960 y 2010

En la población femenina se observa una estructura similar pero con intensidades diferentes; dado que éstas se unen a más temprana edad, la proporción de jóvenes unidas (40.9%) es mayor al de los varones con la misma edad (diez puntos porcentuales más). En las mujeres de 30 a 59 años también predominan las casadas o en unión libre (73.3%), pero conforme avanza la edad esta proporción disminuye dando paso a un importante contingente de mujeres que se encuentran separadas, divorciadas o viudas (llegando a ser de 46% en las mujeres de 60 años y más).

 Los datos censales indican un aumento paulatino tanto de las separaciones (legales o no) como de las uniones consensuales: en 2010, 5.6% de la población de 15 años y más declaró estar divorciada o separada, proporción que supera los tres puntos porcentuales respecto a 1990; un comportamiento similar se da en la población que se une en forma consensual, en 2010 la proporción (15.6%) supera los siete puntos porcentuales respecto a la observada veinte años antes.

Habría que señalar que estos eventos se dan en forma diferencial según la edad de la población, entre los que se unen consensualmente son los jóvenes los que muestran un mayor aumento: de 1990 a 2010 su proporción pasó de 7.8 a 17.4 por ciento; en tanto que los separados y divorciados tienen un mayor incremento en la población de 30 a 59 años, al pasar en el mismo periodo de 3.2 a 7.9 por ciento. En la población viuda, la proporción de 60 años y más es la que experimenta un mayor aumento respecto a otros grupos de edad, y su estructura en 2010 indica que el porcentaje de mujeres con esta situación conyugal (37.9%) es casi tres veces mayor al de los hombres (13.7%); lo que es consecuencia de una mayor sobrevivencia femenina y a una menor probabilidad de que la mujer se vuelva a unir.

Formación de nuevas uniones

La Encuesta Nacional de la Dinámica Demográfica (ENADID) 2009 señala que 90.4% de las mujeres alguna vez unidas[1] de 30 a 49 años han formado una sola unión. Esta proporción tiene un comportamiento diferencial conforme a su situación conyugal actual: 68.2% de la población femenina del mismo grupo de edad y que se encuentran actualmente en unión libre han formado una sola unión, mientras que en las viudas de un matrimonio dicho porcentaje aumenta a 97.1 por ciento.

Distribución porcentual de las mujeres de 30 a 49 años alguna vez unidas por situación conyugal actual según número de uniones 2009

 

Cohabitación premarital

La cohabitación premarital se define como el periodo de vida marital previo al matrimonio. Conforme a la ENADID 2009, 18.1% de las mujeres en edad fértil actualmente casadas cohabitaron premaritalmente con su pareja; 16.1% de las separadas de un matrimonio también registran este tipo de convivencia, el cual tiende a disminuir a 11.8 y 11.5% entre las divorciadas y viudas de un matrimonio.

Distribución porcentual de las mujeres de 15 a 49 años por situación conyugal actual según condición de cohabitación de su última unión 2009 

Edad a la primera unión

La edad media a la primera unión se refiere a la edad promedio en la cual la población contrae matrimonio o se une consensualmente. Los resultados de la ENADID 2009 indican que la población femenina de 15 años y más se une por primera vez a una edad más temprana que los hombres, con una diferencia de 2.8 años (23.8 y 26.6, respectivamente).[1] Como parte de los cambios demográficos acontecidos en las últimas décadas, la población femenina ha postergado en forma paulatina su primera unión: en 1995 las mujeres de 15 años y más se unían por primera vez a los 19.9 años, es decir, cuatro años menos respecto a 2009; en los hombres se observa una reducción similar, toda vez que en 1995 se unían a los 22.9 años.

Matrimonios

De acuerdo con los registros administrativos, en 2011 se registraron 570 mil 954 matrimonios, es decir, se celebraron 4.9 matrimonios por cada mil habitantes. Cabe señalar que en diciembre de 2009 la Asamblea del Distrito Federal aprobó las reformas al Código Civil que legaliza el matrimonio entre parejas del mismo sexo: durante 2010 se registraron en el Distrito Federal 380 matrimonios en los cuales los contrayentes son hombres y 309 en los que son mujeres; en 2011 estos eventos fueron de 457 y 345 respectivamente. Las estadísticas en el último año indican que la edad promedio al casarse es de 37 años cuando ambos contrayentes son hombres y 35 años cuando son mujeres; en ambas casos, 80% de los contrayentes cuentan con estudios de nivel medio superior y superior.

Cuando el matrimonio se da entre un hombre y una mujer, se observa que en 67.7% de los matrimonios registrados en 2011, el hombre tiene una edad mayor respecto a su cónyuge, en 10.9% ambos tienen la misma edad y en 21.4% el hombre es menor que su pareja. Algunas características socioeconómicas indican que 19.6% de los matrimonios el hombre tiene mayor escolaridad, en 47.1% ambos tienen la misma y en 33.3% ella cuenta con mayor escolaridad.

Divorcios

En 2011 se registraron 91 mil 285 divorcios, es decir, por cada 100 enlaces matrimoniales se dieron 16 divorcios; esta relación muestra una tendencia creciente en los últimos años, en la que su punto más bajo se registró en 1993 (4.9 por cada cien), a partir de este año se observa un aumento paulatino que se debe a un efecto doble entre el incremento de los divorcios y la disminución de los matrimonios; de 2000 a 2011 el monto de matrimonios se redujo en 19.3% y el de los divorcios aumentó en 74.3 por ciento.

10.9% ambos tienen la misma edad y en 21.4% el hombre es menor que su pareja. Algunas características socioeconómicas indican que 19.6% de los matrimonios el hombre tiene mayor escolaridad, en 47.1% ambos tienen la misma y en 33.3% ella cuenta con mayor escolaridad. 

 

En cuanto a su duración en el matrimonio, 27.2% estuvieron casadas cinco años o menos, 17.4% permanecieron unidas de seis a nueve años y poco más de la mitad (54.4%) proviene de un matrimonio con una duración social^[1] de 10 años o más. La duración media de los matrimonios que disolvieron su vínculo de manera legal es de 13.4 años, esto es 2.6 años más que en el año 2000 cuando las parejas que se divorciaron duraron casadas aproximadamente 10.8 años.

 

Más de la mitad de los hombres divorciados (55.4%) tiene de 15 a 39 años, en tanto que en las mujeres esta proporción se da en casi dos de cada tres divorciadas (63.5%), es decir, las mujeres se divorcian más jóvenes que los hombres: al comparar la edad de los divorciantes se observa que en 65% de los casos los hombres tienen más edad que las mujeres, en 15.2% tienen la misma edad y sólo en 19.8% la mujer es mayor.

 

Tanto en los hombres como en las mujeres que se divorcian, uno de cada diez tiene como máximo la primaria terminada, en tanto que 46% de los varones y 45.7% de las mujeres declaran tener escolaridad de nivel medio superior y superior. Cabe señalar que 81.7% de los hombres que se divorcian declararon tener trabajo, condición que sólo se cumple en 54.6% de las mujeres.  

 

Los divorcios se clasifican en administrativos cuando son tramitados en el Registro Civil y judiciales cuando se tramitan en los juzgados; en los primeros la pareja no cuenta con hijos menores de 18 años, en  los segundos puede o no haberlos. En 2011, la mayoría de los divorcios son judiciales (85.5%) y de éstos: tres de cada diez no tiene hijos menores de 18 años, una tercera parte tiene uno y una cuarta parte tiene dos, sólo en uno de cada diez casos tienen tres hijos o más.

La pensión alimenticia es la suma de dinero pagada periódicamente al acreedor alimentario determinado por el juez después de realizado el divorcio; en los divorcios judiciales con hijos menores de edad, en 91% de los casos el acreedor son los hijos, 8.1% son la esposa y los hijos, y en 0.9% son los hijos y el esposo. 

Violencia en la relación de pareja

De acuerdo con la Encuesta Nacional sobre Dinámica de las Relaciones en los Hogares  (ENDIREH) 2011, 37.2% de las mujeres solteras de 15 años y más declaró haber tenido algún incidente de violencia por parte de su última pareja. Esta proporción se incrementa a 44.8% entre las mujeres casadas o en unión libre, de las cuales, 89.2% sufrió violencia emocional (este tipo de violencia incluye menosprecios, amenazas, y prohibiciones, entre otros); 56.4% padeció violencia económica (aquí la pareja le reclama cómo gasta el dinero, no le da gasto, se gasta lo que se necesita para la casa o le prohíbe trabajar o estudiar); 25.8% fue víctima de algún tipo de violencia física (empujones, patadas, golpes con las manos o con objetos, agresiones con armas, entre otros) y 11.7% tuvo algún incidente de violencia sexual por parte de su pareja.